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Líderes Sociales Colombianos, COVID-19 y el Imperio de E.U.A.

Por Patricia Rodríguez, Movimientos de Mujeres

Publicado originalmente en MARLAS (Mid-Atlantic Review of Latin American Studies, Junio 2020 special dossier on COVID impact; marlasjournal.com)

El asesinato de líderes comunitarios colombianos, derechos humanos y defensores del medio ambiente, durante los últimos años y, ahora intensificados bajo COVID-19, parecen replicar y presagiar los ataques dirigidos que estamos viendo y seguiremos viendo en los llamados países “democráticos” que viven bajo reglas autoritarias. Los líderes comunitarios, la mayoría de los cuales son indígenas, negros y campesinx pequeños agricultores rurales que expresan y defienden su derecho a una vida de seguridad y dignidad, una vida libre de guerras y militarización extrema, y para poder vivir y pensar como deseen, en sus propios territorios y tierras protegidas, están siendo sistemáticamente asesinados o judicializados.

Desde los históricos acuerdos de paz del 2016, más de 400 defensores y defensoras de los derechos humanos han sido asesinados; sólo en este año, más de 120 líderes sociales colombianos han sido asesinados, y muchos otros amenazados y desplazados de sus hogares, y cientos han sido detenidos bajo acusaciones falsas como en el caso de Julián Gil, Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos. Ha estado encarcelado por más de dos años. El Congreso Popular es una organización de base que tiene como objetivo construir y promulgar mandatos populares para los cambios en las políticas nacionales hacia el logro de una vida digna y autónoma para diferentes sectores rurales y urbanos. La pandemia COVID parece haber cerrado muchos de los espacios de participación abiertos en la década del 2010, con los grupos armados que ahora regresan con ataques feroces contra líderes mientras están en cuarentena, y con la implementación de tácticas de control social que se suman a las preocupaciones creadas por los fracasos de los recientes procesos de paz.

El Proceso de Paz y sus Consecuencias

La Paz con justicia social es en gran parte por lo que estos líderes comunitarios luchan, y las cosas parecían esperanzadoras con las negociaciones entre 2012-2016 y con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un poderoso grupo rebelde luchando en una guerra civil desde mediados de la década de 1960. Desde 2016, los acuerdos de paz, que incluyeron la implementación de varias iniciativas, entre ellas el desarme y el regreso a la vida civil de los miembros de las FARC, la restitución de tierras y monetaria a las víctimas del conflicto de larga-duración, los cambios estructurales rurales que exigía el fortalecimiento de los derechos territoriales y de soberanía para los indígenas, afro-colombianos y campesinx, y de políticas públicas para la sustitución gradual de cultivos ilícitos y estrategias alternativas para el desarrollo rural, han sido despojados de lo que equivale a un alto al fuego extremadamente tenue.

La implementación de los acuerdos de paz, apoyada y financiada en parte por instituciones gubernamentales de los Estados Unidos como la Agencia de los U.S.A. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP), parece estar llena de contradicciones, y oculta gran parte del enfoque de de seguridad que sigue siendo predominante, en los “territorios”. Mientras que los acuerdos de paz prometían fondos a las comunidades para trasladar su producción a cultivos agrícolas y para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en cambio están siendo cada vez más expulsados de sus tierras debido a los ataques violentos y fumigación por parte de las fuerzas armadas colombianas.

El 28 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos anunció el despliegue de 45-50 tropas SFAB (Brigadas de Asistencia de la Fuerza de Seguridad) de SOUTHCOM, tropas para asistir a los aliados socios estadounidenses… basado en necesidades operativas e institucionales’ relacionadas con la seguridad y la defensa en las llamadas Zonas Futuro, o zonas especiales que el gobierno ha considerado abandonadas y propensas a la presencia de grupos armados, y la producción de drogas y, por lo tanto, para permitir fáciles rutas de envío de drogas.  Los oficiales de operaciones antinarcóticos y de recolección de inteligencia que llegarán pronto a las cinco Zonas Futuro han recibido educación en la Academia de Entrenamiento de Asesores Militares en Fort Benning, Ga., la infame ubicación de la SOA/WHINSEC (Escuela de las Américas/Instituto del Hemisferio Occidental de Seguridad y Cooperación). La SOA/WHINSEC ha brindado capacitación a numerosos militares y policías latinoamericanos que han cometido masacres contra su propio pueblo en Guatemala, El Salvador y otros lugares.

La medida de SOUTHCOM es perceived por Adam Isacson, Director del programa de Supervisión de La Defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), como que tiene mucho que ver también con los bloqueos navales contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado en marzo por el gobierno estadounidense de narcotráfico. Dentro de Colombia, la intención es ‘acelerar la implementación [de los planes de desarrollo], con una gran presencia militar al principio, lo que implica operaciones ofensivas contra los grupos armados actualmente ubicados allí… [y] es probable que vengan con la intensificación de la erradicación forzada de la coca”.

Estas contradicciones políticas (por un lado, la erradicación gradual, por otro lado, “perdón, pero vamos a fumigar”) por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos camuflajan el interés por la gobernanza territorial. La minería pesada de oro y otros minerales, un puñado de megaproyectos de energía y la adquisición de tierras para producir cultivos de estilo monocultivo para la exportación es extensa, incluidas en las cinco Zonas Futuro. Estos esfuerzos comerciales son fuertemente financiados por bancos y consorcios internacionales, incluyendo BlackRock, HSBC, Lloyds, y otros.  En este contexto económico y de militarización, y la profundización del enfoque de la guerra contra las drogas, los líderes sociales se convierten en blancos de ataque por los entes armados de todo tipo. No son los únicos: los periodistas y los defensores de derechos humanos también han sido espiados y atacados por operativos militares.

Territorios de Paz en Disputa

La sociedad civil ha sido inflexible en la creación de la paz con justicia social, y a través de fuertes movilizaciones y huelgas nacionales, los campesinx, afro-colombianos y grupos indígenas han conseguido que el gobierno firme numerosos acuerdos. Esto también incluye una agenda por la paz con las fuerzas armadas de liberación nacional (Ejército de Liberación Nacional, ELN) donde también estaban incluidos muchos movimientos sociales. Al final, esas negociaciones se estancaron bajo la actual presidencia de Iván Duque, y el gobierno no cumple con muchos de sus propios acuerdos y genera desconfianza.

Gran parte de la desconfianza se debe a una historia de fracasos de los gobiernos en sus promesas de mejorar la infraestructura y las desigualdades estructurales en la Colombia rural. Las dificultades de hoy todavía tienen mucho que ver con la explotación del trabajo para una economía capitalista basada en la exportación de alimentos y materias primas a las naciones ricas, pero también implican la fuerte extracción de minerales y según un líder campesinx del Departamento del Cauca, las amenazas y asesinatos de tantos líderes sociales (34 asesinatos sólo este año en Cauca) tiene que ver con el dominio territorial:

“Estas son áreas que hemos llamado territorios de paz, donde juntos construimos nuestras propias garantías, nuestras propias soberanías. El objetivo de los actores armados es de diezmar la cultura ancestral y derribar estas y todas las formas de pensamiento libre. El impacto de la militarización y los asesinatos selectivos en tiempos en que la gente se queda en casa debido a COVID-19, es que está destrozando la base social, avanzando la destrucción de la democracia y amenazando la pérdida del Cauca como territorio de paz” (M.S., líder campesinx hablando en un seminario web el 11 de junio de 2020).

Organizaciones comunitarias como el Movimiento de Mujeres por la Vida (MoMuVic), en Cajibío, Cauca llevan bastante tiempo concibiendo estos territorios de paz. El MoMuVic es una organización que surgió de la organización de madres que perdieron a sus hijos por masacres de fuerzas paramilitares que ocurrieron en el apogeo del conflicto civil a principios de la década de 2000 en la región. Se organizaron inicialmente en torno a los derechos humanos, pero siempre con la intención de permanecer en sus tierras y territorios, y luchar por los derechos a la tierra, la autonomía, la salud, la vivienda y la soberanía alimentaria. Hoy en día el movimiento está compuesto por más de 100 mujeres de varias veredas (pequeñas ciudades) que han estado produciendo cooperativamente fertilizante orgánico, maíz, frijoles y otras verduras y hierbas.

“Ahora vemos la necesidad de intensificar la producción de alimentos en las veredas, incluso como una forma de establecer una posición más firme en nuestro territorio. La asistencia técnica y la maquinaria prometida como parte de las negociaciones del PDET no han llegado. Tenemos mucha preocupación por la supervivencia económica y la disponibilidad de alimentos; hay límites porque hemos estado descubriendo que el suelo en nuestras tierras es cada vez más ácido, debido a las grandes plantaciones de eucalipto y árboles de pinos para la exportación que nos rodean”. (Y.G. 3 de abril, 2020 entrevista).

Bajo las restricciones de cuarentena COVID, las personas en las fincas (pequeñas granjas) se defienden por alimentos que no crecen en los mercados locales “familiares”, generalmente propiedad de personas que conocen bien. Un gran desafío al que se han enfrentado estas comunidades es que ha habido bloqueos en las carreteras, muchos organizados por grupos como el ELN o disidentes de las FARC que han regresado a la rebelión armada. Ellos controlan las entradas y salidas, quién puede pasar al mercado y quién no. En algunos otros lugares remotos como en Putumayo, estos grupos han estado enviando volantes con multas específicas a aquellos que violan las reglas, y bloqueando la libre circulación de personas sin su permiso. Las mujeres también han estado luchando con el aumento del abuso doméstico durante la cuarentena, y advierten que, en tiempos de control social, la violencia sexual en general aumenta. Las mujeres constantemente revisan el bienestar de los demás, y hacen un llamado de alarma con los funcionarios locales y su propia comunidad campesinx, indígenas y cimarrron /guardias negros sobre la necesidad de presionar a que tanto las entidades de estados violentos como los no estatales, se hagan responsables.

Proyectos Solidarios Anticapitalistas

Excavando más profundamente para una comprensión del trabajo de colectivos como esta hace MAS ALLA del nivel local, uno puede comenzar a notar que el desafío para el sistema capitalista es fuerte. MoMuVic es una organización (entre muchas) que ha participado organizativamente tanto a nivel regional y nacional con numerosos esfuerzos para llevar a cabo un proyecto económico y político anticolonial para la nación. Se esfuerzan por negociar un modelo económico diferente al modelo profundamente neoliberal que se encuentra actualmente, y que está diezmando grandes cantidades de su entorno, sus territorios y su tejido social y cultural. Insisten en modelos alternativos de producción, distribución y consumo basados en los principios de soberanía alimentaria, en la solidaridad y en las economías locales (economía propia).

Esto significa la liberación de los modelos de desarrollo capitalista que causan la destrucción, y un replanteamiento de las maneras en que pueden construir sobre el conocimiento de los movimientos sociales en toda América Latina. La construcción de nuevas economías no es fácil, ya que los funcionarios colombianos siguen firmando acuerdos que profundizan el vertido de alimentos de cultivos extranjeros, como en el caso de las casi 65.000 toneladas de papas que llegan pronto de la Unión Europea. Capturando los mercados en el extranjero mediante la firma de acuerdos de libre comercio es una característica clave del modelo económico neoliberal, por lo que la disolución de esta prioridad nacional forma parte del llamamiento a una profunda reestructuración sistémica desde abajo, por parte de las organizaciones comunitarias.

El fortalecimiento de las protecciones y garantías para los líderes sociales es primordial, y los estadounidenses deberían insistir en ello, como un control de las reacciones represivas de su propio gobierno. La solidaridad es quizás aún más importante. Como el preso político Julián Gil ha expresado en esta carta reciente desde la cárcel, sobre el apoyo colectivo educativo, legal y logístico que ha recibido de personas en grupos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “Estas experiencias me han dado la fuerza necesaria para poder hacer frente a la reciente intensificación de las contradicciones”.

Líderes Sociais Colombianos, Covid-19, e o Império dos Estados Unidos

Por Patricia Rodríguez, Movimientos de Mujeres, Central New York

Publicado originalmente em MARLAS (Mid-Atlantic Review of Latin American Studies Junho de 2020 Dossier especial sobre impacto do Covid-19 (marlasjournal.com)

O assasinato de líderxs comunitários, de direitos humanos, e defensorxs do meio ambiente Colombianos desde faz alguns anos, e agora intensificado com o virus Covid-19, parece qye replica e tambem anuncía mais dos ataques pontuais que estamos vendo e continuaremos a ver em paises chamados democracias mas onde se vivem em tempos de regras autoritarias. Líderxs comunitarios, a maioria que são indígenas, negros, e campesinxs que estão lançando a voz e defendendo o direito a uma vida segura e digna, uma vida livre de guerras e de militarização extrema, e a possibilidade de viver e pensar o que quiserem, nos sexs territorios e suas terras protegidas, estão sendo mortos ou judicializados.

Desde o histórico acordo de paz em 2016, mais de 400 defensorxs de direitos humanos tem sido mortos; apenas neste ano, mais de 120 liderxs sociais Colombianos foram assassinados, e outrxs tantos foram ameaçados e desalojados de suas casas, e centos outros foram presos sob acusações falsas, como é o caso de Julian Gil, secretário técnico do Congreso de los Pueblos. Ele está na cadeia já faz mais de dois anos. O Congreso de los Pueblos é uma organização de base que almeja a construir e implementar mandatos populares sobre políticas nacionais. Estas tem o objetivo de alcançar uma vida digna e autonoma para diferentes setores da população rural e urbana. A pandemia do Covid parece ter fechado os espaços de participação que estes grupos abriram desde os anos 201o, com grupos armados regresando com ataques violentos contra liderxs em cuarentena, e com a implementação de táticas de controle social que crescem as preocupações com as falhas do recente proceso de paz.

O proceso de paz e suas falhas

Paz com justiça social é parte da luta destxs lideres comunitários, e as coisas pareciam esperançosas com a negociação e depois a implementação do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colombia (FARC). As FARC são um grupo rebelde lutando uma Guerra civil desde a metade dos anos 60. Desde 2016, o acordo de paz que incluia a implementação de varias iniciativas inclusive o fim da luta armada e a volta á vida civil por membrxs da FARC, restituição de terras e pagamentos as vitimas do longo conflito, transformacoes estruturais no campo que fortalecem a soberania territorial e os direitos de povos indigenas, afrodecendentes, e campesinx, e politicas publicas de gradual substituicao de coca e outros produtos ilicitos, e estratégias alternativas de desenvolvimento rural, ha sido desmontado e agora basicamente representa um frágil cesar-fogo.

A implementação do acordo de paz, apoiado e financiado em parte pelo governo estado-unidense e suas instituiçõess como a Agencia para Desenvolvimento Internacional (USAID) e o Instituto de Paz (USIP), parece cheia de contradições. Isso esconde muito da ainda-dominante abordagem da securitização que acontece nos territorios. Enquanto o acordo de paz prometía fundos para as comunidades poderem transicionar pro caminho a produção de cultivos agriculturais e para a implementação dos Planos de Desenvolvimento com Enfoque Territorial (PDETs), as comunidades em troca estão sendo desalojadas de suas terras por causa de ataques violentos e fumigação pelas forças armadas da Colombia.

No dia 28 de maio, o governo americano anunciou o desdobramento de 45-50 soldados da Brigada de Assistencia as Forças de Seguridade (SFAB), parte do SOUTHCOM, para “ajudar os aliados dos Estados Unidos, em termos de necesidades operacionais e institucionais relacionados com seguridade e defesa nas areas chamadas Zonas Futuro. Estas sao zonas especiais que o governo declarou abandonadas e por isso, zonas que tendem a ser dominadas por grupos armados e que produzem drogas, e por tanto que facilitam o transporte de drogas pelos corredores de droga na regiao. Os oficiais das operações anti-narcoticos e de coleta de inteligencia chegarao logo nas Zonas Futuro, e tem recebido treinamento na Academia de Treinamento de Assistencia Militar, em Fort Benning, GA, na infame Escola das Americas/Instituto de Seguranca e Cooperacao do Hemisferio Oeste. Esta Escola tem providenciado treinamento para muitos militares e policiais da America Latina, e muitos deles tem desde então cometido masacres contra seu propio povo na Guatemala, El Salvador e outros lugares.

A posição do SOUTHCOM é percebida por Adam Isacson, Diretor do Programa de Supervisão de Defesa do Washington Office on Latin America (WOLA), como tendo muito a ver tambem com o bloqueio naval contra o Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, acusado pelo governo estado-unidense de narcotrafico em março. Na Colombia, a intenção e apressar a implementação de planos de desenvolvimento, com uma presença pesada de militares desde o começo, o que implica operações ofensivas contra grupos armados localizados nos territorios. Estas operações provavelmente significará intensificada eradicação forçada da coca.

Estas politicas contraditórias (por uma parte, a eradicação gradual, e por outra ‘perdão mas vamos fumigar tudo’) pelos governos da Colombia e Estados Unidos escondem un interese de governança territorial. A exploracao de minerais como ouro e outros, vários megaprojetos hidroeletricos, e a tomada da terra pelo monocultivo para exportação e muito predominante, inclusive nas cinco Zonas Futuro. Estes negocios sao financiados quase completamente pelos bancos e consortiums internacionais, inclusive BlackRock, HSBC, Lloyds, e outros. Neste contexto economico e de militarizacao, e tambem de profundizacao da guerra contra as drogas, líderes sociais sao feitos vítimas pelos atores armados de todo tipo. Eles não são os únicos: jornalistas e defensores de direitos humanos tambem tem sido alvos de operações miltares e de espionagem.

Territorios de Paz em Disputa

A sociedade civil tem insistido em criar espaços de paz com justica social, e atraves de fortes mobilizações e greves nacionais, grupos de campesinos, Afro-Colombianos e indigenas tem conseguido firmar acordos com o governo. Isto tambem inclui a agenda de paz criada pelo grupo rebelde Exercito de Liberacao Nacional- ELN, onde muitos movimentos sociais foram incluídos. No fim, estas negociações foram cesadas pelo presidente Ivan Duque, e o governo não tem cumprido com muitos dos acordos que foram firmados, e isso gera desconfianças.

Muita dessa desconfiança tem a ver com a historia de fracasos do governo na implementação de promesas e de melhoramentos infraestruturais e de ineqidades estruturais na Colombia rural. Estes problemas hoje em dia tem muito a ver com a exploracao laboral em favor de uma economia capitalista predicada na exportacao de comida e materia prima para as naçõs ricas, mas tambem tem a ver com o pesado extrativismo por minerais. De acordo com uma líder campesina do departamento de Cauca, as ameaças e assasinatos de tantos lideres sociais (34 só neste ano, ate Junho em Cauca) tem a ver com a dominação territorial:

“Esas são áreas que nós chamamos territorios de paz, onde juntos nós construimos nosas garantias e nossas soberanias. O objetivo de atores armados e decimar a cultura ancestral e acabar com toda forma de pensamento livre. O impacto da militarização e assasinatos direcionados em tempos onde as pessoas tem que ficar em casa por causa do COVID-19, e que isso rompe a base social, avançando assim a destruição da democracia, e ameaçando a perda de Cauca como territorio de paz” (M.S., lider campesina, falando em um webinar no dia 11 de junho,  2020, Geografia Unicauca, Facebook).

As organizacções comunitárias como o Movimento de Mulheres pela Vida (MoMuVic) em Cajibio, Cauca tem vindo concebendo destes territories de paz já por algum tempo. O MoMuVic é uma organização que emerge desde a mobilizaçã de mulheres que perderam os filhos em massacres cometidos por paramilitares e pelo estado que ocorreram em meio de conflito civil no começo dos anos 2000 na regiao. Elas se organizaram inicialmente ao redor de direitos humanos, mas sempre com a intenção de ficar em suas terras e territórios, e lutar pelos direitos á terra, autonomia, saúde, moradia, e soberania alimentária. Hoje o movimento está composto por mais de 100 mulheres de diferentes veredas (vizinhanças), que produzem adubo orgânico, milho, feijâo e outras verduras e ervas.

“A gente ve agora a necesidade de intensificar a produção de comida nas veredas, mesmo como um meio de estabelecer uma mais firme posição no nosso territorio. A assistencia técnica e maquinária que foi prometida como parte das negociações do PDET nâo tem chegado á nos. Temos muitas preocupações pela nossa subsistencia econômica e acesso á comida; temos limites por que estamos vendo que a terra aqui está ficando acidica, por causa das grandes plantações de eucalipto e pinho para exportação que nos rodeia aqui” (Y.G. 3 Abril 2020, entrevista)

Neste tempo de restrições com a quarentena, as pessoas no campo procuram comida que não podem produzir na terra, nas tendas familiares, geralmente de propriedade de gente conhecida. Uma das maiores dificuldades e que tem sido os bloqueios nas estradas, por parte de grupos armados como ELN ou disidentes da FARC que tem decidido voltar á luta armada.. Elxs controlam saídas e entradas, quem pode entrar nas tendas e quem não. Em alguns lugares mais remotos como Putumayo, estes grupos estão repartindo panfletos que anunciam a cobrança de taxas para aqueles que violam as regras, e bloquando o movimento de pessoas sem a permissão da população. As mulheres no campo estão sofrendo com o aumento de abuso domestico durante a Quarentena, e alertam que há um incremento de controle social e violencia sexual durante a quarentena. As mulheres tem se organizado pra checar no bem estar uma das outras e levantar alertas com oficiais locais e guardas campesinas, indigenas e cimarronas da comunidade sobre a necesidade de gerar acontabilidade pelas ações de atores violentos e de parceiros.

Projetos solidários anti-capitalistas

Tentando profundizar no entendimento sobre o trabalho destes coletivos e o que eles fazem ALÉM do que fazem a nível local, podemos comecar a notar que o questionamento do sistema é forte. MoMuVic é uma organização (entre outras) que tem se envolvido na organização a nivel regional e nacional, com varias iniciativas com un angulo e com projetos econômicos e políticos anti-neocoloniais para a nação. Estes almejam negociar um modelo econômico alternativo ao modelo profundamente neoliberal que existe agora, e que tem decimado o meio ambiente, os territorios, e a fabrica social e cultural da região. Elxs insistem na produção, distribuição e consumo alternativos, nascidos desde princípios de soberania alimentárea, solidariedade, e economia local ou própia.

Isto significa liberação dos modelos capitalistas de desenvolvimento que causa destruição, e o repensar de maneiras de construir em cima da sabedoria dos movimentos sociais atraves da America Latina. A construção de novas economias nao e nada facil, ja que as autoridades Colombianas continuam assinando acordos que somente profundizam o ‘dumping’ de produtos produzidos no exterior. Este e o caso das 65 mil toneladas de batatas que chegarão desde a União Europeia logo. A captura de mercados exteriores atraves de tratados de livre comércio e uma das caracteristicas do modelo economico neoliberal, tanto que justifica o fim desta prioridade nacional e as demandas de reestruturação do Sistema desde abaixo, pelas organizaçôes das comunidades.

O fortaleçimento das proteções e guarantias para líderxs sociais é essencial, e estado-unidenses devem insistir nisto, como uma verificação das açoes represivas do seu governo. Solidariedade é talvez ainda mais importante. Como disse o prisoneiro político Julián Gil, numa carta desde a cadeia recentemente, referindose ao apoio logistico, legal, educacional coletivo que tem recebido de grupos como o Comitê de Solidariedade com Presos Politicos: “Estas experiências tem me dado a força necesaria para enfrentar a recente intensificação das contradições (deste sistema).”

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